La situación procesal y personal de la abogada santiagueña Agostina Páez se tornó dramática en las últimas horas. La joven, que enfrenta una causa judicial en Río de Janeiro, debió abandonar de urgencia el departamento donde se alojaba tras vivir un episodio confuso que encendió todas las alarmas sobre su seguridad física.
Según relató su entorno, Páez regresó a la vivienda y se encontró con tres personas desconocidas en el interior, quienes se identificaron verbalmente como policías. Ante la gravedad del hecho y la vulnerabilidad de la inquilina, la propia administración del edificio le recomendó dejar el inmueble de inmediato para evitar mayores riesgos.
La angustia de la abogada quedó reflejada en el testimonio de su padre, Mariano Páez, quien confesó al diario El Liberal: "La pobre está aterrada. 'Papi, me quieren matar aquí', me dijo recién".
Frente a este escenario, su abogado, Sebastián Robles, anunció un cambio de estrategia. La defensa presentará un recurso de habeas corpus con el objetivo de lograr que Páez pueda retornar a la Argentina, argumentando que permanece en Brasil "casi detenida en circunstancias adversas y confusas", expuesta a peligros que exceden el marco legal de la causa.
En paralelo, Robles adelantó que solicitarán el secuestro de las grabaciones de las cámaras de seguridad del incidente original ocurrido el 14 de enero, fecha en la que se inició el conflicto legal.
La defensa sostiene que el contexto de aquel episodio es diferente al que se ha presentado hasta ahora y buscan pruebas visuales para respaldar su versión de los hechos.
La causa por racismo y la tobillera
El trasfondo de esta crisis es la investigación que la Justicia brasileña lleva adelante contra Páez por presunto racismo, tras un altercado en un boliche de la zona sur de Río.
En el marco de ese proceso, las autoridades ordenaron la colocación de una tobillera electrónica como medida de control migratorio, otorgando un plazo de cinco días para su cumplimiento. Sin embargo, según reportan medios locales, dicha disposición aún no se habría hecho efectiva.
Por su parte, el detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, confirmó que la instrucción está en su etapa final y que el expediente será elevado al Ministerio Público en los próximos días.
El funcionario policial señaló que solo restan tomar nuevas declaraciones a la persona denunciante y a testigos del local nocturno para cerrar la etapa investigativa, mientras la defensa de la argentina insiste en que su permanencia en el país vecino se volvió insostenible.